La Asociación de Funcionarios de Gobierno Regional de Antofagasta (AFUNGRA) y el Consejo Regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) exhortaron al intendente Edgar Blanco a respetar la resolución N°1.443 de Contraloría Regional, fechada el 14 de julio de 2020, en orden a restituir el trabajo de Carolina Cáceres, periodista del CORE despedida en 2019. Los consejeros regionales Andrea Merino y Ricardo Díaz denunciaron persecución política y vulneración de derechos laborales, respaldando a la profesional.
Reincorporación
La determinación legal, firmada por la contralora Claudia Neira, descartó las razones aludidas por el intendente Edgar Blanco (RN) para ordenar el despido de Cáceres bajo el argumento de que no le asistía la “confianza legítima” necesaria para la renovación de contrato, así como que la planificación presupuestaria del servicio no lo hacía posible.
“Tal razón sería inexistente debido a que el subtítulo de gastos en personal fue incrementado respecto a la anualidad anterior, por lo que dicha repartición contaría con la holgura necesaria para mantener su cargo, sin desvincularla”, indicó categóricamente el documento, ordenando dejar sin efecto el despido de periodista y restituir las remuneraciones correspondientes mientras estuvo separada de sus funciones.
Gremios
El consejo regional de ANEF Antofagasta, en conjunto con sus presidentes regionales de asociación base, exigieron al Gobierno Regional, cumplir la resolución mediante una declaración pública, “en fecha y forma con la restitución de trabajo de Carolina y el pago de sus remuneraciones atrasadas desde diciembre de 2019 a la fecha, la cual ha perjudicado a su familia doblemente, al tener que enfrentar la pandemia sin una fuente de trabajo estable”.
Misma opinión manifestó María Elizabeth Ormazábal, presidenta de la AFUNGRA: “Le solicitamos al Intendente que respete el dictamen y que no genere ningún otro tipo de resquicio legal para entorpecer o dilatar este retorno de la funcionaria. Tienen que existir los recursos para hacerla volver como la funcionaria que es y como lo dictamina Contraloría”, enfatizó.
Consejeros
“Esto fue por política, y hoy en día en época de pandemia no estamos para esas cosas, ya no estamos en los tiempos en que cuando una piensa distinto pierde su trabajo”, manifestó Andrea Merino, mientras que su par, Ricardo Díaz indicó que la administración actual ha vulnerado los derechos de los trabajadores, dañando el patrimonio fiscal al tener que pagar indemnizaciones y compensaciones económicas. “Pero el peor daño es a personas que deben reintegrarse con todo el perjuicio emocional vivido. En vez de apelar el intendente debe pedir disculpas públicas”, exigió.
Cáceres fue contratada a honorarios en octubre de 2014, siendo renovada en 2015, 2016 y 2017. El año 2018 pasó a modalidad contrata, siendo renovada para el año 2019. En sus dos años a contrata mantuvo calificación en lista 1 con distinción. Contraloría indicó que, acorde a su dictamen N° 16.512 del año 2018, es posible contabilizar la renovación de prestaciones de servicios a honorarios previa al traspaso en modalidad a contrata, lo que efectivamente configura confianza legítima, rechazando las argumentaciones del intendente Blanco.
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