Encabezada por el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela y las Secretarias Regionales Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, Paula García y de Atacama, Margarita Contreras, se dio inicio a la primera de tres jornadas de capacitación en línea sobre Justicia Restaurativa organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Estas jornadas de capacitación contarán con destacados expositores, quienes abordarán temáticas como justicia restaurativa y sus aspectos conceptuales, recomendaciones internacionales y experiencia comparada; así como también, la experiencia nacional de las mesas regionales implementadoras del piloto de mediación penal juvenil. Estas jornadas estarán orientadas a representantes de las institucionales que conforman las mesas regionales como el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Poder Judicial y Seremi de Justicia y Derechos Humanos.
Es importante señalar que los pilotos se enmarcan en el Proyecto de Ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084, el cual está siendo discutido en el Congreso y que incluye un componente sobre Justicia Restaurativa, que en el futuro se traducirá en un Programa Nacional de Mediación Penal Juvenil, administrado por el nuevo servicio.
Respecto esta política pública que es la mediación penal juvenil, el Subsecretario de Justicia explicó que ésta “se está efectuando a través de estos pilotos, pero van a formar parte de un sistema institucionalizado y de coordinación entre distintas instituciones, fiscales, defensores, jueces, y lo más importante, un nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil, donde lo que se busca es que, en determinados delitos, más que una respuesta simplemente penal por haberse cometido una infracción, se busca una respuesta de calidad tanto para un imputado como para las víctimas. Es decir, se produce un acercamiento voluntario entre ambas partes, asesorados por un mediador, debidamente capacitado, y lo que se busca es abordar causas que puedan estar detrás de esta delincuencia que está empezando a incurrir un joven y esto se puede traducir en respuestas efectivamente que sean más satisfactorias para ambas partes. Esto puede ir desde reinsertarse escolarmente, participar en actividades en servicio de la comunidad, poder pedir disculpas hacia la víctima, entre otros”.
Valenzuela recalcó que “está comprobado que cuando el sistema opera de manera personalizada genera mejores resultados. La víctima puede conocer a la persona que le ha ocasionado un daño y también saber que esto puede tener un impacto favorable, en cuanto a que no se vuelvan a cometer delitos y no haya otras víctimas como ella. Esto es bastante innovador en nuestro país, en otros países ya lleva bastantes años, y esperamos se pueda consolidar, para ir mejorando la reinserción de los jóvenes y tengamos cada vez tengamos menos víctimas de delitos”, puntualizó.
Experiencias a nivel nacional
Cabe precisar que, en este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con las máximas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, suscribieron en 2016 un Convenio de Colaboración (el cual fue renovado el 2019) para la derivación de casos a mediación, el cual establece los requisitos que deben cumplir los casos para que sean derivados (ámbito de aplicación), mediados y luego homologados los acuerdos en el sistema formal para darle un cierre efectivo a las causas penales.
Durante el año 2017 se concretó la primera etapa del programa en la ciudad de Santiago, el 2018 se amplió la cobertura territorial a la ciudad de Valparaíso, sobre la base de las buenas evaluaciones realizadas por las instituciones participantes del Convenio, y en 2019 se mantuvo el proyecto en Santiago y Valparaíso, y se amplió a Viña del Mar.
Mientras que en el año 2020 este piloto se expandió a la cuidad de Copiapó, por iniciativa de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, y en este 2021 se inició la constitución de la mesa en Antofagasta para ejecutar el piloto, que cuenta con la participación y apoyo del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Iquique, dado que la región no cuenta con centro de mediación.
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