En Chile, existe un marco legal e institucional diseñado para garantizar que los proyectos, tanto mineros como de otras industrias, se desarrollen cumpliendo con altos estándares ambientales y sociales. Este marco incluye procesos rigurosos de evaluación de impacto ambiental, conducidos por equipos técnicos especializados. En el caso de Dominga, la empresa cumplió con todas estas exigencias, invirtiendo años y recursos económicos significativos para obtener los permisos correspondientes. Sin embargo, el Comité de Ministros desestimó este proceso bajo el pretexto de potenciales riesgos para la fauna local y el ecosistema, particularmente para los pingüinos de Humboldt y áreas protegidas distantes del puerto proyectado.
Este tipo de decisiones políticas envían un mensaje alarmante al mercado: en Chile, las reglas del juego pueden ser ignoradas arbitrariamente. En otros países, los ministros de Estado no intervienen en la aprobación de proyectos salvo en casos excepcionales de carácter estratégico. Las decisiones son delegadas a organismos gubernamentales especializados, garantizando así una evaluación objetiva y basada en evidencia. En cambio, lo ocurrido con Dominga refleja un debilitamiento institucional donde prima la subjetividad y el carácter emocional por sobre la racionalidad técnica.
Implicancias para la industria minera y el país
La situación de Dominga no solo afecta a este proyecto en particular, sino también a la percepción general sobre Chile como destino para la inversión minera. La industria minera requiere tres condiciones fundamentales para prosperar:
1. Geología favorable: Chile cuenta con abundantes recursos minerales, como los de Dominga, que al ser un proyecto de Gran Minería, podría tener un nivel de inversión y desarrollo local muy significativo que nos permite crecer como país, tanto en la producción de cobre como de hierro. Este último ha sido poco competitivo en el país en los últimos años.
2. Institucionalidad fuerte y estable: Para atraer inversiones de largo plazo, los países deben ofrecer un marco institucional confiable, donde las reglas sean claras. Desde el estallido social de 2019, Chile ha mostrado un debilitamiento en este aspecto, ya que las decisiones dejaron de ser racionales y técnicas y se volvieron emocionales y políticas. Esto genera incertidumbre y desalienta a las empresas serias que buscan condiciones estables para recuperar sus inversiones.
3. Competitividad: La competitividad incluye impuestos razonables, costos de energía, mano de obra y agua competitivos, así como infraestructura adecuada. En el caso de Dominga, el proyecto requiere una planta desaladora y otras inversiones significativas en infraestructura debido a la falta de recursos en la zona, lo que incrementa los costos y reduce su competitividad.
Chile debe replantearse su postura si desea mantener su posición como líder en la industria minera global. La fortaleza de su institucionalidad en el pasado fue clave para atraer inversiones que impulsaron el desarrollo del país. Hoy, esa reputación se perdió. Para recuperar la confianza de los inversionistas, se debe volver a una toma de decisiones basada en criterios técnicos, científicos y racionales.
Juan Ignacio Guzmán
CEO GEM Mining Consulting
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