Consejo Regional solicitó vía acuerdo al Gobierno Regional informar sobre la reincorporación laboral de Carolina Cáceres, luego de que expirara latamente el plazo de 15 días ordenado por la entidad pública.
17 días han pasado desde que la Corte de Apelaciones de Antofagasta denegara la orden de no innovar interpuesta por la intendencia contra una resolución de Contraloría Regional, que el 14 de julio ordenó el reintegro de Carolina Cáceres a sus labores como periodista del CORE. El requerimiento fue incluido en un recurso de protección del Gobierno Regional contra el órgano contralor, al considerar amenazadas sus garantías constitucionales como el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley.
Tras la negativa del tribunal de alzada, la intendencia interpuso un recurso de reposición, acción que también fue rechazada el 7 de agosto. Por esta razón, y tras diversas conversaciones al interior del Consejo Regional (CORE), los consejeros determinaron, por 11 votos a favor, solicitar formalmente al intendente Edgar Blanco informar si procederá a reincorporar a la periodista a sus funciones, proceso en el cual los consejeros Guerrero (RN); San Martín (RN); Narváez (UDI); y Portilla (PRI) se abstuvieron, mientras que Alejandra Oliden (UDI) votó en contra.
Intendente en rebeldía
La disposición de Contraloría descartó las razones administrativas aludidas por el ingeniero civil para fundamentar el despido de Cáceres, ordenando su reintegro y el pago de todas sus remuneraciones adeudadas en un plazo de 15 días hábiles administrativos, lapso cumplido hace dos semanas. “Hay dos cosas a considerar: una es que el intendente está en franca rebeldía con la instrucción que le ha dado Contraloría, lo que es muy grave. Pero, además en un contexto donde claramente está dañada la fe pública y la confianza en los actos administrativos del gobierno regional, fruto de las múltiples denuncias que hemos recibido y las cuales han estado siendo investigadas formalmente”, manifestó la consejera Andrea Merino.
Una opinión similar demostró el consejero Gonzalo Dantagnan, argumentando que una autoridad no se puede revelar ante la instrucción definitoria de la Contraloría General de la República, “y tampoco ha informado las razones del incumplimiento, lo que va en perjuicio del Consejo porque nuestra gestión ha quedado invisibilizada por ocho meses, y se ha perjudicado laboral y familiarmente a nuestra periodista”.
Argumentos descartados
La resolución que ordena el reintegro de la profesional descartó las razones administrativas aludidas por Blanco en la Resolución Exenta Nº1.344 del día 29 de noviembre del 2019 para fundamentar su despido, basadas en que a Cáceres no le asistía “confianza legítima”, así como que la planificación presupuestaria del servicio no lo hacía posible.
Acorde a la reclamación presentada por Cáceres en Contraloría, la Ley de Presupuestos del Año 2019, en la partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, correspondiente al Gobierno Regional de Antofagasta, para “gastos de funcionamiento” (Partida 05, Capitulo 62, Programa 01) asignó la suma de $4.496.416.000. Para el año 2020, el mismo ítem asigna la suma de $4.705.877.000, cifra claramente mayor a la del período anterior.
Cáceres fue contratada a honorarios en octubre de 2014, siendo renovada en 2015, 2016 y 2017. El año 2018 pasó a modalidad contrata, siendo renovada para el año 2019. En sus dos años a contrata mantuvo calificación en lista 1 con distinción, mientras que Contraloría indicó que, acorde a su dictamen N° 16.512 del año 2018, es posible contabilizar la renovación de prestaciones de servicios a honorarios previa al traspaso en modalidad a contrata, lo que efectivamente configura confianza legítima.
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