El aspirante a dirigir el municipio manifestó su férreo compromiso con el respeto al clima laboral, presentando propuestas de probidad y transparencia.
Una condena de injurias y calumnias por “funar” públicamente a una trabajadora de la CMDS; una querella por disponer de abogados municipales para fines personales; y otra acción judicial por fraude al fisco, cuestionando la legalidad de contratos de recolección de basura y barridos. Son algunas de las irregularidades protagonizadas por la administración actual del municipio, a las que se suma una denuncia por presunto acoso sexual y laboral.
Diálogo y confianza
En efecto, la semana pasada el estudio legal Gajardo & Garate Laboristas Asociados presentó una demanda contra el alcalde Jonathan Velásquez, en representación de una funcionaria municipal, invoca la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, hecho que se ha vuelto de público conocimiento.
“Si bien reconozco la presunción de inocencia, resulta lamentable la cantidad de procesos judiciales que mantiene el municipio. Creo que realmente Antofagasta no puede permitirse una administración de este nivel, excesivamente personalista, confrontacional, y con daño a las relaciones humanas y a la institucionalidad. Es tiempo de que las y los antofagastinos busquemos un cambio que nos permita abrir las puertas de la municipalidad y construir juntos una ciudad en base al diálogo y la confianza”, señaló Iriarte.
El exconsejero regional recordó que hay al menos 10 funcionarios municipales con licencia médica por problemas de clima laboral, comprometiéndose con una política interna para fortalecer una cultura de respeto y apoyo a la salud mental, además de una intervención urgente para proteger el buen trato en el municipio, tanto entre pares, desde superiores y en atención a público.
Probidad y transparencia
Conocidos los problemas que acarrea la Municipalidad, el arquitecto y candidato a alcalde por Antofagasta propone una serie de medidas para fortalecer la probidad y transparencia, avanzando hacia la política de ‘Cero Papel’ para el acceso a los servicios municipales en línea, como es el caso de la tramitación de licencias de conducir o procedimientos relacionados a la regularización de obras.
Junto con ello, asegura la publicación clara y constante de las actas y votaciones del Concejo Municipal, así como de contratos, decretos y documentos públicos, transparentando gastos e inversiones, así como el uso de las subvenciones municipales, en un formato de fácil uso, con información consolidada que permita un acceso equitativo a la información.
Además, contempla la consulta activa a la ciudadanía, realizando plebiscitos comunales y/o barriales, coordinando presupuestos participativos para decidir proyectos de inversión, programas e iniciativas específicas, cuando se amerite. Por último, plantea la realización de concursos públicos y transparentes para la entrega de comodatos de espacios públicos, renunciando a la discrecionalidad de los alcaldes para transferir la atribución a las comunidades organizadas.
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